OPINION Nº 9/2005 (MÉXICO)


Comunicación dirigida al Gobierno el 17 de noviembre de 2004.


Relativa al Sr. Alfonso Martìn del Campo Dodd.


El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polìticos.


1. (Texto del párrafo 1 de la opinion Nº 20/2004.)

2. El Grupo de Trabajo expresa su apreciación al Gobierno por haber proporcionado la información solicitada oportunamente.

3. (Texto del párrafo 3 de la opinión Nº 20/2004.)

4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo ha transmitido la respuesta del Gobierno a la fuente de las informaciones y ha recibido sus comentarios. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión acerca de los hechos y circunstancias del caso considerado, teniendo en cuenta las alegaciones formuladas y la respuesta del Gobierno sobre ellas asì como los comentarios de la fuente.

5. Según la información recibida:

a) Alfonso Martìn del Campo Dodd, ciudadano mexicano, fue arrestado el 30 de mayo de 1992 y condenado el 28 de mayo de 1993 por el Juez 55 Penal por la comisión de doble delito de homicidio a la pena de 50 años de prisión. La sentencia de condena se fundamentó en la propia confesión de la autorìa de los homicidios en base a que, según la jurisprudencia mexicana, el principio de inmediatez procesal da una especial importancia a las primeras declaraciones.

b) El Sr. del Campo confesó efectivamente haber cometido dichos homicidios sin ni siquiera leer la declaración que firmó, forzado por la tortura que sufrió en la Décima Agencia Investigadora de la Delegación Benito Juárez de la Procuradurìa General de Justicia del Distrito Federal.

c) Las torturas consistieron, primero y durante más de cinco horas, en una golpiza con golpes de pie y puño. Después, se le produjeron episodios de asfixia al introducirle la cabeza en una bolsa de plástico.

d) El Sr. del Campo fue presentado ante el Juez 55 Penal el 1 de junio de 1992. Durante la diligencia de declaración preparatoria denunció los actos de tortura a los cuales habìa sido sometido, sin que el juez adoptara medida alguna. El 12 de diciembre de 1997 el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la condena.

e) El 14 de febrero de 1994, la Contralorìa Interna de la Procuradurìa General de Justicia del Distrito Federal inició un procedimiento administrativo en contra de los agentes del ministerio público en la Delegación Benito Juárez, Juan Marcos Badillo Sarabia y Javier Zamora Cortés, y del agente de la Policìa Judicial Sotero Galván Gutiérrez. La responsabilidad administrativa de este último fue determinada y fue sancionado con tres años de inhabilitación por quedar probado que habìa golpeado a Alfonso Martìn del Campo Dodd.

6. En su respuesta, el Gobierno manifestó lo siguiente:

a) Alfonso Martìn del Campo Dodd presentó en 1998 una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber sido condenado, definitivamente, por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, sin las garantìas mìnimas exigidas por la Declaración de Derechos Humanos para un juicio justo, a pesar de que todos los procedimientos de revisión y reconocimiento de inocencia que hizo valer el Sr. del Campo fueron tramitados bajo el pleno respeto a las garantìas procesales y a los derechos humanos.

b) En enero del 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interponiendo la demanda correspondiente en contra del Gobierno mexicano por las presuntas violaciones citadas.

c) El Estado mexicano respondió la demanda e hizo valer excepciones preliminares a la competencia de la Corte Interamericana ya que los hechos que dan origen al caso ocurrieron en 1992 y México aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1998.

d) El 13 de septiembre del 2004 la Corte Interamericana notificó al Gobierno de México el rechazo de la demanda interpuesta por la Comisión Interamericana.

e) El Gobierno, por tanto, considera que no es pertinente el que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria conozca esta queja ya que, con anterioridad, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

f) El Gobierno además considera que no ha quedado acreditado que en el proceso penal haya habido alguna vulneración al derecho al proceso justo. Aunque no niega expresamente que se hubiera producido la tortura que denuncia el Sr. del Campo, entiende que en ningún caso ésta condicionarìa la condena, pues en la investigación de los homicidios en cuestión se actuaron otras pruebas que justificaron la condena.

g) Finalmente el Gobierno destaca que hubo varias investigaciones sobre la denuncia de tortura y que el Sr. del Campo pudo haber presentado otros recursos procesales, lo que sin embargo no hizo.

7. Aunque el Gobierno plantea la incompetencia de este Grupo de Trabajo, la queja formulada por Alfonso Martìn del Campo Dodd incide en los cometidos especìficos señalados por la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. Ya el Grupo de Trabajo se declaró competente en otros casos que fueron también tratados por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos Francisco Gallardo Rodrìguez, opinión Nº 28/1998 (México), y caso Lori Berenson, opinión Nº 26/1998 (Perú)).

8. Además, la lectura de los antecedentes ofrecidos por la fuente y el Gobierno indica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó la pretensión del Sr. del Campo por la falta de vinculación del Gobierno mexicano en el momento que sucedieron los hechos, pues hasta el año 1998 México no admitió la competencia de la Corte Interamericana.

9. Las narraciones de la fuente y del Gobierno evidencian que Alfonso Martìn del Campo Dodd fue torturado el dìa 30 de mayo de 1992 durante su estancia en la Décima Agencia Investigadora de la Delegación Benito Juárez de la Procuradurìa General de Justicia del Distrito Federal y que, como consecuencia de esas torturas, confesó la autorìa de los homicidios por los que se le ha condenado.

10. No puede existir ningún tipo de procedimiento justo que se base en una tortura. Todas las pruebas de cargo en un proceso penal han de ser obtenidas con las garantìas establecidas en el artìculo 10 de la Declaración de Derechos Humanos y en el artìculo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polìticos.

11. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Alfonso Martìn del Campo Dodd es arbitraria, ya que contraviene a los artìculos 5, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al artìculo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polìticos, y corresponde a la categorìa III de las categorìas aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

12. Habiendo emitido esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, conforme a las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polìticos.

Aprobada el 25 de Mayo de 2005